Opinião

No son 30 pesos, ¡son 30 años! Chile, crónica de los tiempos peores

El mes de octubre del año en curso, será un mes que se recordará en los libros de historia de América Latina. No solo porque los destinos de algunos países se juegan en elecciones sino por las situaciones de descontento y rebelión social en Ecuador o el desorden político en Perú. En ese marco el presidente de Chile en ejercicio, Sebastián Piñera, declaraba a un medio de televisión local que el país era “un oasis con una democracia estable, el país está creciendo”, para desmarcarse de la situación de desconcierto e incertidumbre que viven algunos países de la región[1]. Por Juan Pablo Paredes P., Investigador Ceder-Universidad de Los Lagos. 

Tres días después, el presidente chileno debía tragarse sus palabras. Una revuelta popular y social de proporciones mayores estallaba en el país, debido al malestar y descontento social acumulado en la población desde el regreso a la democracia, en uno de los países más desiguales del mundo. En lo que sigue, intento dejar constancia de lo acontecido en Chile con dos finalidades, por un lado describir el estallido social que ha dado pie al estado de emergencia declarado desde el viernes pasado, y en segundo lugar proponer algunas claves interpretativas sobre el acontecimiento.

Crónica de la revuelta.

Desde el lunes 14 de octubre, los estudiantes secundarios organizados de Santiago convocaron a una jornada de evasión del transporte público, principalmente en el metro, debido al alza de pasajes aplicada por el gobierno. En base a las decisiones y medidas tomadas por un panel de experto sobre el valor del transporte público, aplicando una lógica exclusivamente tecnocrática, el costo del pasaje del metro aumentó en el horario punta- el horario de mayor afluencia de público- en 30 pesos. Si bien no es un alza significativa, se suma a un alza anterior en menos de seis meses. El costo del pasaje en este horario quedó fijado en 830 pesos, equivalente a 1.2 dólares, siendo el pasaje de locomoción colectiva más costoso de la región y uno de los más caros del mundo[2]. Es un gasto desproporcionado en relación al salario que ganan muchos de los usuarios del metro del horario punta.

El llamado estudiantil tuvo una respuesta fría de la población las dos primeras jornadas, seguido principalmente por estudiantes secundarios de liceos municipales. No obstante, las desafortunadas palabras del ministro de economía Juan Andrés Fontaine, quien invitó a la ciudadanía a madrugar para pagar menos en los viajes a sus puestos de trabajo, generó la indignación popular que reforzó la evasión. Las palabras del ministro de economía son una expresión más de la indiferencia y menosprecio de la derecha política por el mundo social y su realidad[3].

El día jueves 17, muchas más personas apoyaban las jornadas de evasión. No solo eran los estudiantes, ahora también estaban los universitarios, los trabajadores, las dueñas de casa, y la ciudadanía ordinaria, que mediante la desobediencia civil de evadir el pasaje fueron desplegando una economía moral  que asienta sus pilares en el fastidio por los abusos provocados por la desigualdad social, el anhelo de seguridad y justicia social, junto la dignidad ciudadana frente al menosprecio de la elite tecnocrática del actual gobierno[4].

La respuesta inmediata del metro, apoyada por el gobierno, fue la de condenar las evasiones tildando de delincuentes y vándalos a quienes evaden. Junto a ello aplico una serie de medidas que atentaban contra la población como cerrar estaciones o limitar el acceso de personas al metro- principalmente los jóvenes-. La respuesta del gobierno fue respaldar las condenas del gerente del metro, además de reforzar la identificación de la desobediencia civil como delincuencia y vandalismo. La represión policial fue la intervención del gobierno ese jueves en la tarde, la que se mantuvo e intensificó el viernes durante el todo el día, lo que fomentó una escalada de violencia.

Ese viernes 18 fue el momento de la inflexión. La desobediencia civil se transformó en protesta social. Manifestaciones públicas espontáneas y autoconvocadas sin centro ni organización se producen en la ciudad. Los choques entre ciudadanía y fuerzas policiales son parte del paisaje santiaguino,  lo mismo las explosiones de rabia social contra la propiedad privada. Todas estas acciones dieron forma al descontento social. El conflicto subió desde las estaciones del metro para instalarse en la calles de Santiago centro, para rápidamente fomentarse a los barrios, villas y poblaciones. La jornada de represión vivenciada por la ciudanía ese día solo mostró la incapacidad del gobierno de atender las necesidades de la ciudadanía, la que culminó con el presidente declarando Estado de excepción en Santiago a raíz de la ola de protestas desplegadas en toda la ciudad. Esa noche los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía prefiguraron lo que vendría, la política era marginada de la situación para entregar el rumbo del conflicto a la intervención militar. La imagen del edificio de Enel (la principal empresa privada  y multinacional de energía en Chile) quemándose o de algunas estaciones de metro incendiadas o destruidas son postales que dejó la intensidad de la jornada.

El sábado, la situación de conflicto aumentó y la represión se intensificó. Las protestas sociales se multiplicaron por todo el país, no solo en Santiago y sus cercanías, para instalarse en regiones más distantes, donde el alza del metro no alcanzaba al bolsillo ciudadano. Las concentraciones masivas y los cacerolazos ciudadanos enfrentan simbólicamente a las fuerzas militares y policiales. Además se dan situaciones de saqueo de supermercados o grandes tiendas del retail. El discurso del gobierno en vez de buscar una salida política a la situación, se concentra en criminalizar las protestas asociándolas a la delincuencia común y al vandalismo. La represión se intensifica ese sábado en las calles, barrios y poblaciones del país, al punto que se declara toque de queda para Santiago y comunas aledañas a partir de las 22 horas de esa noche. Es el primer toque de queda desde la vuelta a la democracia, y con ello el fantasma del miedo a la dictadura aparece en cierta parte de la ciudadanía de mayor edad. En cambio la juventud que luchó contra la dictadura y los jóvenes hoy, rechazan la represión y vuelven a recurrir a la desobediencia civil manteniéndose en las calles. Los medios contribuyen a la criminalización de los manifestantes y generan miedo en la población no movilizada al elaborar un pánico moral a la revuelta y definir a los movilizados como delincuentes y vándalos.

El domingo la revuelta ya desborda cualquier instancia política. Se declara toque de queda en cinco ciudades. En Santiago se adelanta a las 19 horas del domingo. El estallido social continúa ese domingo en la noche y la respuesta militar se recrudece, aunque Piñera señala que enviará un proyecto de ley para dejar sin efecto el alza de los pasajes. El saldo informal de los disturbios y la intervención militar es de más de 10 muertos, centenares de heridos y casi mil detenidos. La última gota de la fiebre represiva, que resalta la lógica de ley y orden que han estado desde el inicio de las manifestaciones, es la declaración del presidente Piñera al señalar que Chile a raíz de la ola de descontento se encuentra en una situación de guerra[5]. Ya no solo se excluye a la política del conflicto, se renuncia a ella, mientras las protestas ciudadanas persisten, tanto en su modo pacífico como en formas de expresión violenta. Esto ya no puede detenerse porque, como dice un cartel en alguna de las tantas protestas: “ya no se trata de 30 pesos, son 30 años”.

 

Cinco claves de lectura.

Entonces, ¿cómo entender el estallido social en el oasis chileno y lo difícil de su pronta solución? A continuación, propongo cinco claves de lectura para entender, en parte, el conflicto social que sacude al gobierno de S. Piñera.

Primero, la persistente desigualdad social existente en Chile[6]. El paraíso latinoamericano se construyó sobre la base de una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La neoliberalización de la sociedad chilena a partir de la dictadura, intensificó las desigualdades estructurales, la mercantilización de los derechos sociales como la educación y la salud, la privatización de los fondos de pensiones, los bajos salarios, el encarecimiento del costo de vida (transporte, vivienda, servicios básicos), la segregación, discriminación y estigmatización de los pobres, se fueron acumulando bajo la alfombra democrática por 30 años, versus una mejoría en la calidad de vida de los sectores más acomodados de la sociedad chilena. Tal desigualdad se fue acumulando en las venas de la población, fugándose por pequeñas grietas sociales- principalmente ligadas a las protestas estudiantiles del 2006, 2011 y 2018- que fueron bien contraladas por la élite política y económica.

Se suma a la desigualdad social, el sentimiento de injusticia por el trato diferenciado que reciben los miembros de la elite política y económica, frente a los casos de corrupción y evasión, en comparación al trato que se les da al mundo pobre y de clase media. ¿Qué es la evasión del pasaje del metro en comparación a la evasión de los impuestos realizada por la elite? Se pregunta indignada la ciudadanía.

En segundo lugar, las responsabilidades políticas del actual gobierno en la elaboración de un escenario de confrontación social. Las evasiones del pasaje comenzaron un lunes pero no impactaron fuertemente en la población hasta que el gobierno intervino. Ya sea recurriendo a la insensibilidad frente a las demandas ciudadanas de bajar el precio del pasaje, decisión sustentada en los principios tecnocráticos que identifican especialmente a este gobierno, bajo la autoridad del comité de expertos que definió el alza del pasaje. Ya sea recurriendo a la represión de los actores sociales movilizados, primero con la fuerza policial, luego la militar. La definición de ciudadanía que protesta como “delincuente”, “vándalos”, “criminales” y de sus acciones como un desafío a la ley y al orden, justificó a los ojos del gobierno la violenta represión con que se enfrentaron los acontecimientos del jueves y del viernes, así como la militarización del país a los días siguientes. Las lógicas tecnocráticas y represivas del gobierno, dejaron fuera del proceso la herramienta más importante para lograr encauzar el conflicto, a la política. El gobierno no actúo políticamente en este conflicto y aquello generó condiciones favorables para el estallido social y su deriva.

Tercero, la no conducción política del conflicto por parte de ninguna fuerza política. La situación actual es un estallido social expresivo del descontento y el malestar. El conflicto es inorgánico, sin líderes definidos, autónomo de los partidos políticos, sin demandas definidas, sin ideologías de base. Es una fuerza social heterogénea y plural que utiliza su fuerza colectiva como modo de expresar su indignación y de presionar al gobierno a enfrentar la desigualdad social, pero sin un programa definido. Lo que significa recurrir a la violencia y la rabia como una de las formas de sacar fuera el descontento. En este punto las fuerzas políticas progresistas debiesen hacer su mea culpa y reconocer la baja sintonía de sus programas con las necesidades y sensibilidades de la ciudadanía, sobre todo la empobrecida. La carencia de liderazgo complica una salida política a la situación. ¿Con quién negociar?, ¿sobre qué puntos hacerlo?, parece ser el desafío del gobierno. Por su parte, la oposición se encuentra en proceso de trazar y consolidar los puentes con la sociedad civil y la ciudadanía movilizada, sin embargo la tarea no es nada sencilla pues las fuerzas sociales siguen siendo careciendo de algún centro u organización.

En cuarto lugar, el rol de los medios de comunicación oficialistas ha sido central para dar continuidad al estallido social. El tratamiento que la prensa y la televisión han dado a los acontecimientos ha sido la de criminalizar las acciones de los manifestantes. Haciendo eco de las definiciones de gobierno, han enmarcado la situación con el mismo lenguaje. Delincuentes, vandalismo, desorden, saqueos, son las palabras que van definiendo el clima de miedo e incertidumbre que los medios difunden, pero omiten la violencia de la represión policial y militar que sufre la población. Dos son los efectos que las intervenciones de los medios producen en la población, y ambas son negativas para lograr desincentivar la revuelta social y terminar el conflicto. La primera es el miedo en buena parte de la población, aquella no movilizada, la que se vuelve temerosa e insegura y, por ende, individualista y egoísta. En segundo lugar, fomenta la sensación de injusticia e incluso la rabia de los actores movilizados, al estigmatizarlos como delincuentes y reducir sus formas de protesta a la expresión de la violencia.

Por último, la intervención del domingo del Presidente Piñera que define la situación social y política como una guerra civil, prefigura el camino del conflicto. En una suerte de síntesis de los puntos anteriores (negación de la desigualdad e injusticia social; incapacidad política y lógica represiva; exacerbación de la irrupción social y exclusión de la lógica política; fomento de una política del miedo), el Presidente Piñera realiza una de las pocas intervenciones comunicacionales de carácter político que ha tenido durante los acontecimientos, vaciada absolutamente de ella. Es una intervención que renuncia a la política y asegura el camino militar para enfrentar el conflicto, ya que este ha sido definido como una guerra civil. Una definición que basada en el miedo, quiere oponer a vecino contra vecino, a ciudadano contra ciudadano, mientras las calles siguen bajo la custodia de las fueras militares.  La apuesta de recuperar el orden por la fuerza es una tradición que su sector conoce bien, y luego con ello poder restituir la centralidad de la lógica tecnocrática. La principal sacrificada en tal apuesta es la política.

El segundo gobierno de S. Piñera irrumpió con el eslogan “bienvenidos a los tiempos mejores”, sin embargo, la historia lo ha mostrado en más de una ocasión, aquello es imposible si se prescinde de la política.




[1] https://elpais.com/internacional/2019/10/20/america/1571531965_776078.html

[2] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/18/964843/Chile-9no-mas-caro-transporte.html

[3] https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/19/las-incendiarias-frases-del-gabinete-de-pinera-que-detonaron-la-crisis-social/

[4] https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/17/la-desobediencia-civil-de-evadir-el-pasaje-y-la-economia-moral-de-la-ciudadania/

[5] https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/sebastian-pinera-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/

[6] https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-tan-desigual-es-chile/871225/
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